El reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) marca un cambio trascendental en la política de seguridad de Estados Unidos. Esta medida, que pretende combatir de manera más eficaz el crimen organizado, plantea un conjunto de implicaciones legales, políticas y económicas tanto para México como para la relación bilateral entre ambos países. En este artículo, analizamos en detalle qué significa esta designación, cómo opera y las estrategias necesarias para abordar las consecuencias que genera, incluyendo una revisión del marco internacional como la Ley RICO y el Protocolo de Palermo.
¿Qué implica la designación de una Organización Terrorista Extranjera (FTO)?
La designación de una FTO se enmarca en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, y su objetivo es identificar y sancionar a organizaciones que amenazan la seguridad nacional o los intereses estadounidenses. Un grupo puede ser designado como FTO si cumple con tres condiciones principales:
- Es una organización extranjera.
- Participa en actividades terroristas o tiene la capacidad e intención de hacerlo.
- Sus actividades representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En el caso de los cárteles mexicanos, tradicionalmente clasificados como organizaciones criminales, esta designación implica un nuevo enfoque que los coloca bajo la categoría de «terrorismo». Esto no solo endurece las herramientas legales y operativas disponibles para combatirlos, sino que también genera tensiones diplomáticas significativas.
¿Cómo opera esta designación?
La clasificación de los cárteles como FTO habilita al gobierno estadounidense a implementar una serie de medidas legales, financieras y operativas que buscan desarticular sus estructuras:
- Congelación de activos:
Todos los bienes y recursos financieros vinculados a estas organizaciones en territorio estadounidense quedan congelados, y cualquier institución o individuo que facilite transacciones con ellas puede enfrentar sanciones severas. - Procesamiento penal más riguroso:
Proveer apoyo material (financiero, logístico o tecnológico) a las organizaciones designadas como terroristas conlleva penas de hasta 20 años de prisión, lo que disuade la colaboración con estos grupos. - Acciones extraterritoriales:
La designación permite al gobierno estadounidense justificar operaciones militares o de inteligencia fuera de su territorio, algo que podría incluir intervenciones en México bajo el argumento de combatir el terrorismo. - Restricciones migratorias:
Los individuos vinculados a estas organizaciones no podrán ingresar a Estados Unidos, lo que también podría impactar a migrantes que sean percibidos, incluso de forma errónea, como colaboradores forzados de los cárteles.
Impacto en México: Consecuencias legales, financieras y políticas
- Soberanía nacional bajo amenaza:
La posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones militares o de inteligencia en territorio mexicano plantea un desafío serio para la soberanía del país. México debe proteger su autonomía mientras colabora en el combate al crimen organizado. - Riesgos para el sistema financiero:
Los bancos y otras instituciones mexicanas estarán bajo mayor escrutinio internacional. Cualquier vínculo, directo o indirecto, con actividades sospechosas podría derivar en sanciones económicas, afectando incluso sectores legítimos como el transporte, la minería o la agricultura. - Cambios en la estrategia de seguridad:
México podría verse presionado a adaptar su marco jurídico para alinearse con los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo, especialmente en lo relacionado con el financiamiento ilícito. - Tensiones diplomáticas:
Esta decisión unilateral de Estados Unidos podría incrementar las fricciones en la relación bilateral, especialmente si las acciones derivadas de la designación son percibidas como una imposición o como una amenaza a la soberanía mexicana. - Impacto en los migrantes:
Los solicitantes de asilo en Estados Unidos enfrentan mayores riesgos si se les vincula, aunque sea bajo coerción, con los cárteles. Esto podría agravar la situación humanitaria en la frontera.
Elementos útiles de la Ley RICO
La Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) es una legislación clave en Estados Unidos para desmantelar organizaciones criminales. México podría incorporar elementos valiosos de esta ley:
- Persecución de redes completas:
RICO permite enjuiciar no solo a los individuos directamente involucrados en delitos, sino a toda la estructura organizativa, desde líderes hasta colaboradores indirectos, debilitando de manera integral a las organizaciones criminales. - Confiscación de bienes:
La ley facilita la incautación de activos relacionados con actividades delictivas, debilitando el poder económico de las organizaciones. México podría adoptar medidas similares para reforzar la acción contra las estructuras financieras del crimen organizado. - Patrones delictivos en lugar de delitos aislados:
RICO se enfoca en perseguir patrones de actividades ilícitas, no solo actos individuales. Este enfoque permitiría a las autoridades mexicanas desarticular de manera más efectiva las operaciones de los cárteles. - Acciones civiles:
RICO permite a las víctimas de actividades ilícitas interponer demandas civiles contra organizaciones criminales, una herramienta que podría empoderar a comunidades y empresas afectadas por el crimen organizado.
Lecciones del Protocolo de Palermo
El Protocolo de Palermo, parte del Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ofrece principios clave para combatir el crimen organizado:
- Definición amplia del crimen organizado:
Reconoce la naturaleza transnacional de las redes criminales, lo que permite una persecución integral de delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. - Cooperación internacional:
Promueve el intercambio de información y la asistencia jurídica entre países, algo fundamental para combatir redes que operan en múltiples jurisdicciones, como los cárteles mexicanos. - Protección a testigos y colaboradores:
El Protocolo establece mecanismos para proteger a testigos clave y colaboradores que proporcionen información crucial para desmantelar organizaciones criminales. - Tipificación de lavado de dinero:
Palermo insta a los países a tipificar el lavado de dinero como un delito clave, fortaleciendo así la capacidad para atacar las fuentes financieras del crimen organizado.
Recomendaciones para México
- Adaptación de la legislación:
Incorporar elementos de la Ley RICO y el Protocolo de Palermo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal, permitiendo una persecución integral del crimen organizado. - Fortalecimiento institucional:
Crear una unidad especializada que coordine los esfuerzos de las fiscalías, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las fuerzas de seguridad para rastrear y desmantelar las redes financieras de los cárteles. - Colaboración binacional:
México debe trabajar de manera conjunta con Estados Unidos para garantizar que las acciones contra el crimen organizado respeten la soberanía mexicana y se realicen de forma coordinada. - Supervisión financiera más estricta:
Establecer mecanismos de monitoreo más robustos para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero en sectores vulnerables.
Conclusión
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras intensifica la presión sobre México para actualizar y fortalecer su marco legal contra el crimen organizado. Incorporar las enseñanzas de la Ley RICO y el Protocolo de Palermo, junto con reformas específicas a la LFPIORPI y el Código Penal Federal, ofrecerá herramientas más efectivas para combatir estas amenazas.
Esta es una oportunidad para que México no solo refuerce su sistema jurídico, sino que también demuestre su compromiso en la lucha contra el crimen organizado a nivel global. Sin embargo, lograrlo requerirá coordinación binacional, respeto mutuo y un enfoque integral que abarque tanto las consecuencias como las causas estructurales de este problema.
